CARGA NO RAZONABLE, DECLARACIÓN DE ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS

Siguiendo con el análisis del fallo del Superior Segundo, en él hay un hecho relevante, ya que fue la viuda del fallecido asegurado quien intenta la acción y la aseguradora se exepciona alegando que ésta no tenia itnerés para sostener el proceso, ya que existían otros herederos -los hijos y entre ellos un menor de edad-, además de no haber presentado una constancia de únicos y universales herederos que jamas fue establecida en el contrato como condición sine qua non para el pago del reclamo.

En vista de ésto, el Tribunal falló de la siguiente manera:

Es claro que la mayoría de los casos –a menos que la ley o la voluntad de las partes válidamente manifestada dispongan lo contrario-, cualquiera de los comuneros puede intentar acciones de cualquier tipo cuando se vean afectados los intereses de la comunidad o de cualquiera de sus miembros, aún cuando lo haga uno de ellos en nombre propio, y de considerarlo imperioso podría llamar en juicio a los demás comuneros para que coadyuven en la demanda.” (Subrayado agregado)

Al analizar el presente caso, se observa que son objeto de litis los intereses de todos los comuneros por una deuda en moneda nacional y en dólares americanos que recae proporcionalmente en cabeza de cada uno de ellos, por ser los herederos del asegurado fallecido y los contratos que se suscribieron con los centros médicos -tanto nacional como extranjero-, por la atención hospitalaria y médica que se suministró al mismo, lo que afecta a cada uno de sus herederos -Art. 1.163 del Código Civil-, quienes son los ciudadanos Evelyn Sampedro de Lozada y sus hijos Carlos Enrique Lozada Sampedro, Carlos Gerardo Lozada Sampedro, Víctor Augusto Lozada Sampedro, quienes se hicieron parte en el proceso como terceros coadyuvantes, al igual que el -para entonces menor-ciudadano Rafael Augusto Lozada Sampedro, por lo que considerando la doctrina reseñada por la Sala de Casación Civil, que la demanda intentada por la ciudadana Evelyn Sampedro de Lozada en nombre propio, incluye también los derechos e intereses de los demás comuneros, quienes son los hijos de ésta y del asegurado fallecido Carlos Enrique Lozada Morales, por ser un patrimonio común el que se encuentra afectado por la deuda adquirida.

También es cierto que la madre, ni ninguno de los hermanos, alegaron representar al –ya referido menor- Rafael Augusto Lozada Sampedro, lo que lo deja aparentemente fuera de la pretensión. El conflicto se suscita entonces, cuando los derechos generados por la póliza como consecuencia del fallecimiento del contratante Carlos Enrique Lozada Morales -como bien señala la demandada al folio 388 del presente expediente- pasaron a sus causahabientes, lo que es corroborado por el Decreto Ley del Contrato de Seguros cuando menciona en el artículo 91: “Si la designación se hace a favor de los herederos del asegurado, sin mayor especificación, se considerarán como beneficiarios aquellos que tengan la condición de herederos legales, para el momento del fallecimiento del asegurado.”.

De otra parte, en la copia certificada del contrato de seguro que remitió al Tribunal a quo la Superintendencia de Seguros anexa el oficio FSS-2-3001668 002679 de fecha 13 de abril de 2004, donde se puede leer en las “Condiciones”, el párrafo relativo al “PAGO DE INDEMNIZACIONES”: “El pago de las prestaciones aquí previstas se efectuará al Asegurado-Titular, o si hubiere fallecido antes del pago, a sus beneficiarios nombrados y en su defecto a sus causahabientes”; igual condición existe en el contrato internacional en la Condición 9, que corre al folio 29 vto. Este es el propósito y la intención de los otorgantes del contrato.

En el contrato en cuestión no se plantea que es obligación del Asegurado o del Beneficiario o sus herederos, consignar una declaración de únicos y universales herederos (contrario al espíritu del contrato, es ahora que se está exigiendo al asegurado dicha declaración como condición para indemnizarle) y adicional a lo dispuesto en el Decreto Ley del Contrato de Seguros en su artículo 98, el cual a titulo de referencia establece:

“La indemnización de la empresa de seguros deberá ser entregada al beneficiario, en cumplimiento del contrato, aún contra las reclamaciones de los herederos legítimos y acreedores de cualquier clase del tomador o del asegurado. Unos y otros podrán, sin embargo, exigir al beneficiario el pago de una cantidad equivalente al importe de las primas abonadas por el tomador, en caso que se demuestre que se ha actuado en fraude a la ley.”.

De lo anterior se puede inferir, que en todo caso de indemnización, ésta debe ser pagada al beneficiario y a falta de éste, a los herederos legales del asegurado con tal pago el asegurador se libera de su obligación, quedándole al resto de los herederos o acreedores -si existiesen- el derecho de ir en contra de los herederos que recibieron la indemnización por el pago de una cantidad equivalente al importe de las primas abonadas por el tomador, en caso que se demuestre que se ha actuado en fraude a la ley, debiendo esto último ser determinado por un tribunal a través de un juicio ordinario como lo ha establecido la jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal de Justicia.

Se hace alusión a pagar al Asegurado y en caso de muerte de éste, al beneficiario nombrado o en su defecto a sus herederos. Al leerse el contrato se observa que no existe el nombramiento de un beneficiario. Los herederos legales en este caso serían, de acuerdo a los artículos 822 y 823 del Código Civil, la viuda y los hijos del de cujus. Pretender, como lo hace la demandada, que debían ser llamados cualesquiera otros presuntos herederos o presentar una declaración de únicos y universales herederos, es, de acuerdo a la Ley, una carga no razonable, sobre todo cuando ella misma no los negó como los únicos y universales herederos. Adicional a ello, la demandada no demostró que existieran otros herederos o que el contrato exigiera por voluntad de las partes que se presentara una declaración de únicos y universales herederos, ya que al hacer tales alegatos, en ella recaía la prueba según lo previsto en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.354 eiusdem. Así se declara.

El asegurador no puede solicitar a la hora del pago, documentos que en momento alguno solicitó en el contrato como condición para tramitar la indemnización de los posibles reclamos, ya que lo que no se creyó necesario para contratar, no puede ser considerado indispensable para pagar el reclamo. Solicitar, como efectivamente lo hizo Multinacional en el juicio, una constancia de únicos y universales herederos, fue declarado en forma efectiva por el sentenciador como UNA CARGA NO RAZONABLE, pues la demandada no negó que la viuda y sus hijos fueran los únicos herederos del difunto asegurado y tampoco demostró la existencia de otros posibles herederos del fallecido.

Es también importante destacar lo dicho por el sentenciador referente a la falta de cualidad cuando señala, que cualquiera de los comuneros puede intentar la acción en nombre de la comunidad sin mencionarlo expresamente en la demanda -y para ello ha seguido la doctrina de la Sala de Casación Civil-, ya que sobre todos ellos recaen las cargas de pagarle a los acreedores las sumas que se les adeudaban por concepto de la atención médica que recibió el finado y que la empresa se negó a pagar.